Desde Díez & Romeo seguimos las cuestiones relacionadas con la actualidad del Derecho Administrativo. Así como a los profesionales que intervienen.
Nuevemente, Andrea Roselló Vila nos deleita con otro artículo de los suyos sobre la nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). Díez y Romeo Abogados hemos decido reproducirlo
De
conformidad con la Disposición derogatoria única. Derogación normativa
de la LPACAP queda derogado expresamente el Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
ejercicio de la Potestad Sancionadora, así como también el Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad
patrimonial.
Dichos procedimientos han quedado insertados en el título IV,
Capítulo II. Iniciación del procedimiento, Sección 1ª.Disposiciones Generales,
art. 81 y siguientes, lo cual no ayuda a ver el procedimiento en su conjunto
tal como lo teníamos en los Reglamentos.
En resumen
dicho procedimiento sancionador queda regulado específicamente en los
artículos siguientes:
- Art. 82.Actuaciones Previas.
- Art. 83. Medidas Provisionales
- Art. 85,86,87 y 88. Inicio del
procedimiento sancionador.
- Art. 90.Especialidades en el
inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora.
- Art. 91.Acuerdo de iniciación
del procedimiento sancionador.
- Art. 98.3. Las personas
designadas como órgano instructor.
- Art. 102.4. Actos de
Instrucción.
- Art. 104 2 y 3. Medios y
periodo de prueba.
- Art.111.3.Terminación.
- Art.112. Terminación en los
procedimientos sancionadores.
- Art.114, párrafo segundo.
Actuaciones Complementarias.
- Art.115. Contenido.
- Art. 116. Propuesta de
resolución en los procedimientos de carácter sancionador.
- Art. 117. Especialidades de la
resolución en los procedimientos sancionadores.
- Art. 132.4. Tramitación
simplificada del procedimiento administrativo común.
Dichos
preceptos contemplan que en el procedimiento sancionador antes de su inicio
podrán llevarse a cabo actuaciones previas, enumerándose en el art. 83
desde la letra d) hasta la i) las nuevas medidas provisionales
como el embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en
metálico por aplicación de precios ciertos.
El procedimiento sancionador se
iniciará de oficio a través de medios electrónicos cuando sea posible, bien
por propia iniciativa, orden superior, petición razonada o denuncia. La
peticiones deberán especificar persona, hechos, lugar y fecha de los hechos y
la presentación de una denuncia no confiere la condición de
interesado en el procedimiento. Se establecerá la debida separación entre
la fase instructora y sancionadora, que se encomendará a órganos
distintos.
Cabe destacar que en el acuerdo de iniciación antes se decía los
hechos sucintamente expuestos ahora en el anteproyecto simplemente los
hechos que motivan la incoación del procedimiento, dicho acuerdo se
notificará al instructor con traslado de las actuaciones y se notificará al
denunciante e interesados entendiendo por éste al inculpado. En las
infracciones continuadas no se podrán iniciar nuevos procedimientos
hasta que recaiga una primera resolución con carácter ejecutivo.
Las personas
designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de
unidades con tal función serán responsables de la tramitación y del
cumplimiento de los plazos y adoptarán las medidas necesarias para lograr el
respecto de los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en
el procedimiento. Cuando los hechos no se tengan por ciertos el instructor
abrirá un periodo de prueba no superior a 30 días ni inferior a 10 días
y decidir un periodo extraordinario no superior a 10 días, así como también el
instructor podrá rechazar las pruebas que sean manifiestamente improcedentes o
innecesarias. Los hechos declarados probados por resolución judicial penal
firme vincularán a la Administración Pública.
El pago voluntario
implicará la terminación del procedimiento y también cabe la resolución del
procedimiento aplicando reducción sobre el importe de la sanción, siempre que
se haya determinado en la incoación del procedimiento sancionador, el
porcentaje vendrá determinado por un Reglamento y el infractor haya desistido o
renunciado de cualquier acción o recurso contra la sanción.
Cuando la
competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un
mismo órgano, será necesario que el órgano instructor eleve al órgano
competente para resolver una propuesta de resolución. La Propuesta del Sr.
Instructor debe ser notificada a los interesados, otorgando un plazo de
alegaciones(sin indicar el plazo), dicha propuesta fijará los hechos que se
consideren probados y su calificación jurídica, las personas responsables y la
sanción propuesta, la valoración de las pruebas practicadas, en especial
aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las
medidas provisionales o bien la declaración de la no existencia de infracción o
responsabilidad.
En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos
de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su
diferente valoración jurídica y si en la resolución se considera que la
infracción reviste mayor gravedad se le otorgará al infractor un plazo de
quince días de alegaciones, la resolución será ejecutiva cuando no quepa ningún
recurso incluido el potestativo de reposición. Si se hubieran causado daños a
la Administración y no se hubieran determinado en el procedimiento se fijaran
en un procedimiento complementario. El pago de la multa se efectuará
preferentemente en tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria,
domiciliación bancaria y cualesquiera otros que se autoricen por órgano
competente. Se podrá adoptar la tramitación simplificada cuando el
órgano competente para la incoación considere que existen suficientes elementos
de juicio para calificar la infracción como leve.
Como podemos
ver no hay ningún precepto que expresamente nos hable de la caducidad
del procedimiento sancionador como lo hace el art.20.6 del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, que nos dice que
el procedimiento sancionador caduca a los seis meses desde su iniciación.
El art. 39
1.b) de la LPACAP nos dice que en los procedimientos en que la Administración
ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles
de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad y
la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el art.122 refiriéndose a los mismos efectos
previstos para la declaración de la caducidad de los procedimientos iniciados a
instancia de interesado.
Por lo tanto
¿Cuál es el plazo de caducidad del procedimiento sancionador? El
legislador se ha olvidado de regularlo y lógicamente el lugar para hacerlo es
en el art. 122 de la LPACAP. Este es el artículo que me falta poner en el
resumen.
El artículo lo encontrais en http://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/d_administrativo/el-procedimiento-sancionador-en-el-anteproyecto-de-lpacap#
